Este 14 de mayo Cusco paraliza todas sus actividades. El gremio de transporte urbano y turístico se une al paro nacional en protesta por la inseguridad creciente, la falta de inversión en obras urgentes y el abandono sistemático de las regiones del sur andino.
Ya no se trata solo de demandas gremiales. El descontento refleja una fractura social profunda alimentada por la desconfianza en autoridades que no actúan frente al crimen. La criminalidad no distingue entre zonas rurales o urbanas y una ciudad vital para el turismo hoy se siente desprotegida.
Reducir este descontento a una consigna política como «¡Que se vaya Dina!» simplifica un problema estructural. La salida de la presidenta Boluarte no resolverá por sí sola la descomposición institucional ni la impunidad del crimen. Lo urgente es una reforma profunda del sistema de justicia y una reestructuración de la PNP.
El gobierno central debe dejar de improvisar y asumir su rol con firmeza. El país necesita reformas concretas y sostenibles. La paz social no se decreta, se construye con justicia, seguridad y liderazgo real, no con simples cambios de rostros en el poder.