En Cusco, la extorsión ya no es un delito aislado sino una práctica sistemática que afecta tanto a ambulantes como a empresarios establecidos.
Vendedores ambulantes cobran entre S/300 y S/500 a otros comerciantes para permitirles ocupar espacios en las calles, bajo el pretexto de ofrecer «seguridad» y «limpieza». Estos cobros, mucho mayores que las tarifas oficiales, evidencian una red de extorsión que opera impunemente.
Además, organizaciones criminales extranjeras han extendido sus operaciones a Cusco, extorsionando a comerciantes y empresarios con amenazas de violencia si no pagan.
La situación empeora con casos como el de un adolescente de 15 años intervenido por extorsionar a sus vecinos, exigiéndoles S/2,500 bajo amenazas.
Ante esta ola creciente, las autoridades anuncian una línea telefónica para denuncias y un equipo policial especializado. Puras palabras que no resuelven nada.
Las autoridades deben actuar con firmeza para desmantelar estas redes y proteger a los ciudadanos. La tolerancia a estas prácticas solo perpetúa la inseguridad y el miedo. Ha llegado el momento de una transformación radical en la seguridad de Cusco, un punto de quiebre que acabe con esta espiral de violencia.