La Fiscalía intervino la Escuela de Arqueología de la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Tres personas fueron detenidas en flagrante corrupción. Una secretaria informal controlaba todo sin ser trabajadora oficial.
El esquema operaba con total normalidad. Profesores obligados a realizar «colaboraciones» forzadas. Asistencias manipuladas a conveniencia. Tesis elaboradas con recursos públicos. Los principales implicados siguen activos en la universidad. El sistema los protege efectivamente.
Esta situación deteriora la educación superior pública. Los estudiantes reciben formación de baja calidad. Profesores honestos son marginados o intimidados. Recursos que deberían mejorar infraestructura terminan en bolsillos privados. La corrupción normalizada destruye el futuro profesional de generaciones enteras.
Las universidades necesitan una limpieza profunda desde sus cimientos. Mantener a las mismas autoridades que toleraron o participaron en estos esquemas corruptos solo garantiza la perpetuación del problema. No podemos seguir tratando la corrupción académica como un mal menor cuando está destruyendo la educación pública.