El reciente bloqueo del corredor minero del sur por parte de comuneros de Chumbivilcas, en Cusco, vuelve a poner sobre la mesa un problema que el Estado ha preferido postergar: la falta de capacidad para resolver conflictos sociales de manera oportuna y efectiva.
El corte de una vía estratégica para el país, por donde se transportan minerales vitales para nuestra economía, no puede normalizarse ni justificarse como herramienta de presión. Sin embargo, preocupa que ciertos sectores, incluidos voceros de ONG progresistas, tiendan a romantizar este tipo de acciones, como si vulnerar derechos fundamentales y quebrantar el orden legal fueran gestos heroicos. Esta narrativa distorsionada solo alimenta la confrontación y deslegitima las vías institucionales de diálogo.
La protesta en Chumbivilcas, que exige el pago por terrenos utilizados por el corredor minero, refleja una demanda legítima, pero también muestra cómo la falta de acción del gobierno central y de las empresas comprometidas termina siendo caldo de cultivo para una escalada innecesaria. La minería es una actividad clave para el desarrollo del país, y su paralización no solo afecta a las empresas, sino a miles de trabajadores y familias peruanas.
Cerrar carreteras es un acto ilegal, que daña la economía, ahuyenta la inversión y mina la confianza en las instituciones. El Estado debe actuar con firmeza, haciendo respetar el orden legal y al mismo tiempo cumplir con los compromisos asumidos con las comunidades.
No podemos repetir lo que ocurrió en Pataz, donde la ausencia del Estado permitió que intereses ilegales y violentos se infiltraran en un conflicto social, con consecuencias trágicas. Ese precedente debe servir como advertencia: cuando se idealiza la protesta sin límites, se abre la puerta al caos.
El Perú necesita liderazgo, institucionalidad y gestión eficaz. Defender la inversión y garantizar la paz social no son opuestos: son la única vía para construir un país con oportunidades para todos.
